Hacia la nueva extrema derecha en México

Texto reunido a partir de dos entregas publicadas en Revista Común los días 11 y 13 de diciembre de 2025.

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Primera parte

El 21 de noviembre, después del fracaso de una segunda convocatoria de Generación Z a movilizarse en las calles, Arturo Villegas, un influencer ultralibertario de derechas y feroz odiador de las izquierdas publicó en la red “X” una pregunta “¿Cuándo creen que Morena deje el poder?”; a lo cual le respondió Luis González, un médico y hater de la 4T que cuenta con casi 150 mil seguidores: “No lo van a dejar. Se les tiene que arrebatar”. Menos de 24 horas después, la jueza de distrito en retiro Reyna González sentenció en otra publicación: “México no va a sobrevivir a Morena, son ellos o nosotros”. 

La movilización del 15 de noviembre (15N), convocada por “Generación Z” (GZ) logró producir una inflexión en la derecha mexicana, que, como en un crisol, ha fundido en las calles y en las redes sociales diversos malestares, reivindicaciones reaccionarias y delirantes, y lo más importante, la convicción de que ha llegado la hora de descarrilar por la fuerza al gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque el efecto político de la marcha parece haberse desvanecido, la polarización, es decir, el uso de la violencia política, ha marcado un cambio de fase.

Esta virulencia, que se desliza rápidamente al extremismo de derechas, tiene un complejo origen: el fracaso de las democracias de mercado, la agitación mundial trumpista, las múltiples derrotas sufridas por las derechas opositoras mexicanas, las contradicciones de la Cuarta Transformación, así como el llamado virtual y anónimo de Generación Z a incendiar el país. En esta primera entrega, haremos un breve repaso del panorama global —esto es, del ascenso y fracaso de las democracias de mercado, así como del surgimiento y la agenda internacional de las ultraderechas—, mientras que en la segunda nos enfocaremos en las peculiaridades del caso mexicano, a la luz de lo sucedido el 15N.

Denomino democracias de mercado a los regímenes neoliberales que produjeron una escisión entre gobierno y redistribución, reduciendo la representación política a una suerte de oligarquía plebiscitaria; un régimen donde las elites rotan electoralmente mientras el mercado enriquece a los grandes capitales, e idealmente, derrama algo de esa riqueza a los trabajadores.

Las democracias de mercado vigilaron celosamente que los gobernantes no concentraran ningún poder que limitara el libre comercio, pero fueron por supuesto omisas ante la concentración del poder económico, que creció como una autoridad sin control, contrapeso, regulación o atemperamiento alguno. Esto consolidó el despotismo del capital. (Castoriadis, 2006; Ávalos, 2007; Lummis, 2002; Hirsch, 2001)

Al pasar los años, las democracias de mercado comenzaron a mostrar sus contradicciones, hasta hundirse en el descrédito y en una profunda crisis de representación. Todo ello debido a que el cascarón de la democracia representativa —se hizo cada vez más evidente— era una simulación funcional a las clases dominantes y regresiva para las clases subalternas.

La historia es conocida: con el régimen de acumulación neoliberal se produjo una inédita desigualdad, así como el deterioro de la movilidad social ascendente y la oligopolización y trasnacionalización de un poder económico descomunal. Las democracias de mercado, entregaron su capacidad soberana a la lex mercatoria mundial, que trasladó controversias y decisiones fundamentales a la arena global, gracias a lo cual constituyó una coraza protectora para los intereses del gran capital. El resultado: democracia formal entre la clase política; desdemocratización y pérdida de control de las decisiones económicas. (Dardot, Laval, 2013; 2017; Pineda, 2020)

Ambos procesos inutilizaron a los sistemas políticos, al desvanecer las grandes diferencias entre izquierdas y derechas, reducidas todas a administradoras del guión elaborado para la reproducción ampliada del capital, eliminar las opciones de partidos de clase y restringir la intervención estatal a favor de las clases trabajadoras.

El hartazgo mundial ante las esterilizadas democracias de mercado produjo el colapso de los sistemas políticos, con el manotazo de las clases subalternas, ya fuera por la vía electoral, ya mediante numerosos levantamientos populares, al menos en América Latina.

Sin embargo, esa agotada democracia de mercado sigue siendo reivindicada e idealizada en México por cierto liberalismo intelectual y académico, y fue de hecho, defendida ideológicamente como una exitosa superación del viejo régimen autoritario, el vehículo de hegemonía del bipartidismo del Revolucionario Institucional y Acción Nacional entre el año 2000 y 2018.

Esa perspectiva es ciega no sólo las insuficiencias de la alternancia mexicana —que no obtuvo ni una nueva constitución, ni un plan transicional, ni un pacto de gobernabilidad estable entre las fuerzas políticas—, sino también ignora la profunda crisis de Estado a la que llevó esa limitada democracia de mercado a la mexicana. 

Fracturado en todo el continente el consenso neoliberal del modo de regulación política, emergieron las conocidas opciones políticas para su reemplazo: por un lado la izquierda “progresista”, que sustituyó el horizonte socialista por un programa tímidamente redistribuidor. A pesar de sus restringidos alcances, las medidas progresistas —esto es,  políticas estatales de corte asistencial y regulador— permiten tomar un respiro a las clases subalternas ante las inclementes condiciones de precarización, super explotación y exclusión que impuso el neoliberalismo, mas todo ello sin frenar ni reorientar el régimen expansivo y coercitivo de la expansión de los mercados. Son nuevas formas de regulación política, pero no cambios al patrón de acumulación del gran capital; no son simple continuidad neoliberal, pero tampoco su superación. Ello explica su frágil estabilidad, contradicción y ambigüedad.

Al mismo tiempo, el progresismo latinoamericano no puede restaurar el pacto capital-trabajo del que habían emanado los estados de bienestar, ya que hoy la fuerza del capital es monstruosa, en contraste con las débiles organizaciones en retirada de los trabajadores. El capital no necesita negociar con el trabajo dentro de la fábrica e impone sus propias reglas a los gobernantes fuera de ella. De tal suerte, la ultramoderación del progresismo latinoamericano tiene por tanto su fundamento en la extrema debilidad de las clases subalternas y no sólo en su programa paliativo de los dolores más agudos del neoliberalismo. Los progresismos, todos ellos, están lejos de contar con la fuerza para romper con la camisa de fuerza del imperio de los mercados, a la cual se adaptan y acomodan para poder gobernar, por lo que deben gestionar tanto las condiciones y contradicciones de la expansión capitalista, al tiempo que atienden parcialmente las demandas de las clases subalternas. Por acoplamiento o por convicción ideológica se promueve, así, la conciliación de clases en un contexto donde el capital no quiere ni necesita conciliar.

En contraste, las derechas, fracturada la hegemonía liberal tradicional, parecieran poder saltar todos los viejos límites y mostrarse como alternativas extremistas tanto para el capital, como para un sector de las clases subalternas despolitizado, atomizado y desorientado que está harto de las opciones políticas sistémicas pero también totalmente confundido por el origen de sus malestares. Las derechas ofrecen ir mucho más allá que los prudentes y precavidos progresismos que no quieren agitar el rechazo de los grandes capitales. Aunque las extremas derechas comenzaron a reaparecer como opciones electorales desde mucho antes, (Forti, 2024) sólo el quiebre de las democracias de mercado les permitió expandirse en el periodo de desorden y confusión global ante la crisis orgánica mundial del neoliberalismo.

Más recientemente, las derechas en América Latina se han presentado como vehículo para acelerar un turbocapitalismo extractivista que destruye todas las contenciones —incluso las más tibias regulaciones neoliberales—, como la deforestación amazónica bolsonarista, la apertura del yacimiento de Vaca Muerta de Milei, o el ofrecimiento abierto del petróleo venezolano a Estados Unidos por parte de María Corina Machado. La extrema derecha ofrece, en ese sentido, destruir los límites políticamente correctos del capitalismo verde y del discurso sostenible.

Ante la metástasis expansiva del capital criminal trasnacional y del crimen organizado, las derechas, liberadas de la camisa de fuerza de los derechos humanos y las leyes internacionales, han ido armando una agenda brutal y pragmática para afrontar el desorden hemisférico producido por la crisis neoliberal. Valgan como ejemplo las medidas securitarias fascistizantes de Bukele, la política antiinmigrante draconiana de Trump o la política de mano dura ultramilitarista de Noboa en Ecuador. Lo que ofrecen las derechas es acabar con los límites del habeas corpus, considerado protector de criminales, para que, mediante la fuerza represiva policiaco-militar, pueda aplastarse a la delincuencia. Y abren con ello el camino directo hacia el autoritarismo.

Si alguna vez hubo un orden internacional, éste ha muerto en Gaza, y tal desorden es el campo fértil para que los gobiernos de derechas escalen tensiones y bravuconadas contra los gobiernos progresistas, como ha sucedido en Latinoamérica, con Milei arremetiendo contra Lula, el gobierno no electo de Perú amenazando al mexicano, Ecuador agrediendo la embajada de México, Bukele abriendo una confrontación con la presidenta Sheinbaum y Petro, y, por supuesto, Trump hostigando a Maduro, Petro y una vez más, Sheinbaum. Es así: la derecha está entregada a una cruzada anti progresista —y, aunque suene disparatado, anti comunista—, como vehículo de agrupamiento reaccionario contra las izquierdas y como dispositivo ideológico para atizar el odio. Si hay una guerra cultural, ésta es la que impulsan las derechas para distinguirse del difuso horizonte progresista.

En medio de este escenario, es peculiar el caso de la derecha y la ultraderecha mexicanas, y la movilización del 15N es un síntoma que debemos atender para su comprensión. Tal será, como he anunciado ya, el tema de la segunda entrega de este artículo.

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Referencias

Ávalos, G. (2007). La política del capital. UAM X.

Castoriadis, C. (2006). Una sociedad a la deriva. Katz.

Dardot, P.y C. Laval (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Gedisa.

____(2017). La pesadilla que no acaba nunca. El neoliberalismo contra la democracia. Gedisa.

Forti, S. (2024). Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales. Akal.

Hirsch, J. (2001)El estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global. UAM X.

Lummis, D. (2002).Democracia radical. Siglo XXI.

Pineda. C.E. (2020). “Gobiernos progresistas y 4T: la peligrosa política del equilibrismo”. En Revista Común.  

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Segunda parte

En México, a diferencia de otros países latinoamericanos, la llegada del progresismo al poder fue postergada por muchos años. Paralelamente, se postergó también un desborde reaccionario como de otras naciones, ya que el Partido Acción Nacional siempre contuvo bajo su manto a una ultraderecha institucionalizada, mientras que los pocos grupos neonazis existentes se mantenían en las catacumbas. Por su parte, las bases sociales de las derechas —las clases medias y acomodadas— disfrutaban de la estabilidad de la hegemonía liberal de las democracias de mercado, así que permanecían relativamente tranquilas.

Sin embargo, la llegada al poder de la Cuarta Transformación agitó el avispero de las derechas mexicanas, que, desorientadas, dieron palos de ciego durante todo el primer sexenio obradorista. Sin dimensionar que lo sucedido en 2018 no fue una alternancia más, sino el hundimiento del sistema de partidos, las derechas institucionalizadas opositoras fueron avasalladas por las maniobras presidenciales, que fueron eficaces para neutralizarlas como factor de poder, y reordenar tanto a las clases subalternas como al empresariado alrededor del frágil equilibrio representado en el consenso nacional popular dirigido por la Cuarta Transformación. (Pineda, 2024)

El presidente López Obrador logró, así, aislar a las derechas políticas, separándolas del empresariado hegemónico, y obtuvo con ello, si no el beneplácito de las élites mexicanas, sí al menos su tolerancia. Sin el grueso del empresariado, la derecha política se redujo a su mínima expresión.

Las derechas, por su parte, apostaron desde el primer día de gobierno de la Cuarta Transformación a bloquear al gobierno obradorista como una estrategia de desgaste para regresar al poder. Su rápido encarrilamiento hacia el boicot fue un balance político erróneo que repitió el fracaso del desafuero: los constantes y prematuros ataques a la figura presidencial fortalecieron políticamente al presidente, confirmando que él era el antagonista de la clase política tradicional y mostrando la mezquindad de los opositores. Aun así, la reconfiguración de los partidos otrora hegemónicos en expresión de descontento social en las calles anunciaba un giro político de gran calado.

El primer síntoma de que las derechas comenzaban a actuar y a desbordarse fueron sus acciones de protesta entre 2019 y 2020. En ellas, aparecía ya la exigencia de la renuncia presidencial por parte de diversos grupos marginales de las derechas que, no obstante, salieron a las calles sin el empuje empresarial ni partidario. El resultado fue ridículo en términos numéricos, pero dejaba ver tanto el escalamiento discursivo de las derechas, como la iniciativa de nuevos sujetos políticos reaccionarios como el Frente Nacional Anti-AMLO. Las derechas movilizadas se apresuraron a agitar un descontento prácticamente inexistente en esos años con un grotesco discurso fuera de toda racionalidad política que se hundió por sí mismo, lo cual implicó un primer revés para ellas. Empero, lo novedoso es que las derechas por primera vez no sólo estaban en las calles, sino que había muestras de una inusual actividad política dentro y fuera del tradicional partido de derechas y con una intensa acción colectiva de protesta (Tamayo, 2025).

La segunda fase fue la respuesta de la oposición partidaria ante los intentos de reforma política y judicial de López Obrador, respuesta que produjo un impasse entre el congreso y la presidencia. A partir de 2022, la movilización de las derechas disfrazada de protesta ciudadana sin partido se convirtió en una oleada de demostración de fuerza que llenó las calles con la llamada marea rosa. Las reformas necesitaban de la colaboración de la oposición, y ésta no sólo no cooperó, sino que creyó que su bloqueo podía ser una plataforma unitaria que quebrara a la Cuarta Transformación.

No obstante, López Obrador convirtió ese insalvable obstáculo opositor en una oportunidad, al transformar su propia derrota legislativa en campaña antiopositora, lo cual, en parte, explica el colapso electoral de la oposición en la elección de 2024. La exitosa movilización opositora se estrelló, así, ante la super mayoría de la Cuarta Transformación.

Las derechas opositoras se equivocaron nuevamente al creer que la legitimidad y popularidad del obradorismo podía ser mermada si ellos se asumían como defensores de la democracia; al mismo tiempo, como hemos dicho en otros trabajos, su disparatada alianza electoral hundió a todos los partidos que la conformaban. Esto ha producido el fin de la tortuosa estrategia de desgaste, la cual, según creían, podía erosionar al gobierno de Obrador, provocar su desprestigio y asegurar su propio regreso al poder —o al menos mantener su fuerza en el congreso—. Todos los planes opositores de esta segunda fase fracasaron. En cambio, la Cuarta Transformación logró neutralizar a los partidos opositores con una verdadera cruzada discursiva contra ellos, aislándolos del poder efectivo. A su vez, tanto los resultados electorales catastróficos para la oposición como las maniobras oficialistas para obtener la mayoría calificada en ambas cámaras terminaron por convertir a la oposición en espectadores de una coalición que no los necesitaba ya para gobernar, y que ahora tampoco los necesita para legislar.

Este estrechamiento de la influencia de los otrora mayoritarios partidos que condujeron al país durante dos décadas se explica por el desconocimiento mutuo como interlocutores legítimos entre gobierno y oposición. Ya la tentativa de exclusión de López Obrador en el desafuero en 2005 había roto el reconocimiento mutuo como parte de un mismo sistema democrático entre las élites partidarias. De tal suerte, al llegar a la presidencia, él también consideró ilegítimas a las fuerzas opositoras, alentado además por el hundimiento político-electoral de esos partidos. La Cuarta Transformación se dirigió entonces a gobernar en solitario. El bloqueo legislativo opositor y su exacerbada y catastrofista retórica eran el reverso de la flamígera campaña presidencial contra las derechas partidarias. Nunca hubo tentativa de cooperación y negociación entre unos y otros. Todos apostaron al fracaso de sus adversarios.

No obstante, mientras la falta de reconocimiento de la oposición a la Cuarta Transformación la llevó a un precipitado y fallido intento de bloqueo de ese gobierno, la falta de reconocimiento de la oposición desde la coalición progresista se ha convertido en su forma de gobernar, en estrategia discursiva y en un modo exitoso de contener su influencia. El freno de la oposición se convirtió en derrota definitiva con la victoria electoral absoluta del obradorismo en 2024, así como en la incontenible reforma judicial. Ambas cambiaron la correlación de fuerzas, de manera desfavorable para los opositores.

La total impotencia de las ahora minorías opositoras les ha mostrado la insuficiencia del marco institucional democrático para seguir asediando a la Cuarta Transformación. Es el desenlace del conflicto interpartidario con la victoria aplastante del obradorismo lo que las ha colocado fuera de la influencia legislativa y que, por tanto, las ha acercado peligrosamente a la acción no institucionalizada.

Si parecía que las derechas tendrían un papel insustancial una vez convertidas en partidos testimoniales en el congreso, la llegada de Trump al poder y el conflicto público con la extrema derecha empresarial representada por Salinas Pliego crean un nuevo campo de acción para la oposición, por fuera de la acción legislativa y la electoral. Esto implica sumarse, de manera oportunista e irresponsable, al intervencionismo extranjero, o bien, respaldar la insubordinación empresarial contra los impuestos y el fallo de la Corte del propietario de Televisión Azteca. Y es esta ventana de oportunidad lo que peligrosamente desliza a la derecha hacia el extremismo.  Han roto cualquier compromiso con el marco constitucional y apoyan de manera insensata un escalamiento de la confrontación.

Es por todo eso que el llamado original a la insurrección de “Generación Z” que apareció en las redes sociales marca el fin de una fase de las derechas mexicanas. Todo parece indicar que éstas, toda vez que han asumido su derrota en las urnas y en las cámaras, podrían, además de apoyarse en los poderes de facto de Trump y Salinas Pliego, en la provocación violenta en las calles.

La acusación de que ha sido el Partido Revolucionario Institucional quien ha movilizado grupos de provocadores en la movilización del 15N es creíble luego de la absoluta descomposición de la dirigencia priista y también de la continuidad de oscuros grupos de choque que nunca desaparecieron después de la alternancia y que han sido usados por numerosos gobernadores y funcionarios de ese partido en todos estos años.

Con todo, el uso de la violencia callejera planificada por un sector de la oposición ha cruzado un umbral. La guerra sucia opositora la ha convertido en lo que en su momento el politólogo Juan José Linz llamó oposición “desleal”; esto es, una oposición que no sólo ha dejado legítimamente de cooperar con la tarea de gobernar en el marco democrático, sino que agita la posibilidad de un cambio de gobierno por vías no electorales. Una oposición desleal es, pues, aquella que renuncia al compromiso de no disputar el poder a través de la violencia. (Linz, 1987). Otros politólogos, a los que la oposición y los exconsejeros electorales les gusta citar —como Adam Przeworski— advierten que también son los opositores, quienes, al descomponerse en una fuerza golpista, desestabilizan y degradan el marco democrático institucional.

Y aunque este corrimiento podría fracasar una vez más, lo relativamente novedoso es que esta agitación opositora se desenvuelve en el marco de las propias contradicciones del consenso nacional popular obradorista, en su estrecho horizonte conciliatorio. El obradorismo llegó al poder por tres crisis yuxtapuestas: una crisis de representatividad, que ha sido claramente resuelta al restaurar la confianza democrática, al darle voz a las clases populares a través de Morena y gracias al fuerte simbolismo del regreso de un Estado protector de los pobres. Asimismo, el cambio en el poder en 2018 respondió a una crisis de desigualdad y precariedad que ha sido más o menos desactivada ante la espectacular reducción de la pobreza en México. Por último, está la crisis securitaria, que a pesar de las cifras oficiales de reducción de muertes violentas, no sólo no ha terminado, sino que en ciertas ciudades, municipios y estados, se vive en total zozobra por la violencia criminal.

Es precisamente en medio de las violencias locales, que llevan ya tantos años, donde el hartazgo se ha convertido en protesta social, por ejemplo en Michoacán, y especialmente en Uruapan, después del asesinato del alcalde Carlos Manzo. Esa multitudinaria protesta local es legítima en un estado que, como otros (Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua), sufre de lo que pareciera una guerra irregular, en la ya extendida crisis de Estado en México, atravesada por el mercado criminal más grande del mundo, el tráfico de armas estadounidense y la pulverización de los grupos criminales vinculados al gran capital legal a través del lavado de dinero. Esa crisis es el campo para un malestar que bien podría crecer, y no sólo eso, sino también seguir siendo instrumentalizado desde las derechas.

Por otro lado, aunque en menor medida, los excesos, contradicciones y errores de la Cuarta Transformación han provocado desacuerdos en otros sectores. Mencionamos aquí, por razones de espacio, sólo dos de ellos: el proyecto extractivista pensado originalmente en el gobierno de Peña Nieto y luego denominado Tren Maya, el cual ha generado el repudio, también legítimo, de sectores ambientalistas y varios organismos no gubernamentales por sus impactos ecológicos negativos, varios de los cuales han sido incluso reconocidos por la Secretaría del Medio Ambiente. Por otro lado, aunque los movimientos de víctimas por la guerra no reconocida que vive México han sido tratados con mayor respeto por la presidencia de Claudia Sheinbaum, pareciera que la discursividad de la Cuarta Transformación ha decidido infravalorar la gravedad de la crisis forense, el crecimiento de las desapariciones y la violencia criminal que ya hemos señalado. Estos sectores, son en efecto minoritarios, y, aunque generalmente las derechas partidarias buscan instrumentalizarles, hay demandas y denuncias reales en ambos sectores, que, junto a la breve crisis producida por Manzo, la Cuarta Transformación se niega a reconocer.  

El ofrecimiento del PAN a Ricardo Salinas Pliego de ser su plataforma partidaria para 2030 como posible candidato a la presidencia, junto al intento de reagrupamiento del partido y a su mensaje internacional con su nuevo lema “Patria, familia y libertad” son el resultado del desplazamiento de las derechas por fuera del marco de la vieja democracia de mercado. La derecha mexicana ha entendido al fin —como lo hicieron sus contrapartes en otras partes del mundo— que debe ofrecer una verdadera alternativa al progresismo y que esto sólo es posible desde algunas de las coordenadas que la extrema derecha latinoamericana ha definido. De confirmarse el camino hacia la alianza con el multimillonario, la derecha mexicana se habría enfilado al extremismo.

A su vez, el uso de la violencia política presuntamente realizada por los grupos de choque manipulados desde el priismo establece un modo de confrontación interpartidaria, que, aunque común para afrontar, desgastar y desmovilizar a las clases subalternas en México, no se había usado como método de desestabilización contra la Cuarta Transformación ni contra Morena o López Obrador. La violencia política se había usado contra la izquierda social y antisistémica, pero no para la izquierda partidaria institucional.

Ambos elementos deberían dar cuenta de que la derecha está sufriendo transformaciones que no se restringen al orden táctico, sino que se dirigen hacia una nueva extrema derecha moderna, forjada tanto en el zigzagueo de la confrontación con el obradorismo, como en la crisis de las democracias de mercado y los experimentos de las extremas derechas, especialmente las latinoamericanas y la trumpista. (Stefanoni, 2021; Traverso, 2018)

La Cuarta Transformación tiende a desestimar, con una narrativa que peca de exceso de confianza y triunfalismo, la acción opositora. Sin embargo, de converger en los siguientes años el intervencionismo, el malestar por las contradicciones de la 4T, la prolongación de la crisis securitaria y la articulación de violencia callejera con la unidad partidaria aliada al extremismo de Salinas Pliego, bien podría estarse gestando la consolidación de una extrema derecha a la mexicana. Una que a muchos les provoca risa, pero que mañana, quizá, pueda causar terror.

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Referencias

Linz, J.J. (1989). La quiebra de las democracias. Alianza Universidad.

Pineda, C.E. (2024) “El legado obradorista II. Hegemonía nacional popular”. En Revista Común.

Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha?. Siglo XXI

Tamayo, S. (2025) “La participación política de las derechas en el sexenio obradorista”. En Modonesi M, Pineda C.E. y S. Tamayo. Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista 2018-2024.  UNAM.

Traverso E. (2018). Las nuevas caras de la derecha. Siglo XXI.